Fue justo antes de la navidad, quizá con la intención de que pasara lo más desapercibido posible, o quizá por simple casualidad, pero el pasado 20 de diciembre se publicó en el BOE un ataque frontal a los derechos de los consumidores.
El ataque tiene forma de Real Decreto Ley, y su objetivo teórico es “la modernización y digitalización de la administración de justicia y el despliegue de medidas para asegurar una mayor eficiencia procesal.”.
El objetivo real es otro muy diferente: que muchos consumidores no puedan permitirse defender sus derechos en los Tribunales.
¿CÓMO LO HACEN?
Muy simple, en medio de un montón de reformas que sí pueden tener cierto sentido, se esconde una reforma que ataca frontalmente a los consumidores: A partir de este mismo mes de marzo, las demandas por condiciones generales de la contratación deberán tramitarse por el procedimiento verbal, y no por el procedimiento ordinario.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
En teoría es una noticia buenísima, esas demandas se tramitarán por un procedimiento que parece más ágil, y los ciudadanos podrán tener su sentencia estimatoria mucho antes.
La realidad es que no habrá ningún recorte de plazos, y que a partir de ahora es muy posible que se acabe eso de litigar “a costas”.
¿DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO?
Hasta ahora, si querías reclamar los gastos de tu hipoteca, o tu cláusula suelo, la mayoría de despachos te ofrecían sus servicios sin coste, y únicamente te cobraban una pequeña comisión de la cantidad que recuperases, casi siempre por debajo de los 200 euros, que deberías pagar después de haber cobrado.
A nadie se le escapa que un despacho de abogados no vive únicamente de esa comisión, y es evidente que los honorarios del despacho llegaban por otra vía: las costas procesales.
El funcionamiento era tan sencillo como positivo: el cliente puede defender sus derechos sin adelantar ni un céntimo, y el despacho cobra sus honorarios al banco, el culpable de haber provocado ese procedimiento.
El cambio de procedimiento, del ordinario al verbal, supone que en muchas provincias esas costas se reduzcan hasta en un 70%, por lo que a partir de ahora nos encontraremos con que el consumidor tenga que pagar por adelantado para defender sus derechos ante los bancos y las grandes empresas.
¿QUÉ VA A PASAR AHORA?
¿Quieres reclamarle 500 euros a tu banco? Antes podías hacerlo sin tener que pagar ni un céntimo, y ahora tendrás que adelantar 300, 400 o 500 euros para reclamar, y ya veremos si los recuperas algún día aunque ganes el juicio.
Como ya dijimos al principio del artículo, el objetivo real de esta reforma está muy lejos del que se publicó en el BOE: el objetivo es beneficiar a los bancos y a las grandes empresas, reduciendo los derechos de los ciudadanos, y el resultado será una justicia igual de lenta, pero mucho más inaccesible para los que menos tienen.
Esta situación tiene arreglo, y es posible que desde los Tribunales impidan que la reforma cumpla con sus objetivos, pero se ha abierto la puerta para dejar a mucha gente fuera de la justicia.
